El Gobierno del Chubut cuestionó la actuación judicial tras los hechos ocurridos frente a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia
El Gobierno Provincial informó sobre las acciones y avances en la investigación del ataque con armas de fuego ocurrido frente a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y cuestionó la falta de efectividad de ciertas decisiones judiciales.
El Gobierno del Chubut, encabezado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, brindó este miércoles una conferencia de prensa en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, para informar sobre los hechos de violencia registrados frente a la Oficina Judicial de esa ciudad y destacar la necesidad de coordinación entre las fuerzas de seguridad y la Justicia.
La conferencia estuvo a cargo del ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, quien detalló las actuaciones realizadas, el avance de la investigación y las medidas adoptadas.
“Lo cierto es que ayer, a las 8 horas, se estaba programando una audiencia preliminar en un caso de homicidio, donde la víctima era integrante de la familia Nieves, con más de 100 causas previas y todos en libertad, según una nota publicada por el diario Clarín en 2017. Durante la audiencia, un vehículo con nueve ocupantes se aproximó al lugar y comenzaron los disparos de arma de fuego. Esta situación evidencia impunidad: estos grupos no sienten temor por la sanción penal”, explicó el ministro.
Iturrioz recordó un hecho similar ocurrido hace más de una semana en la estación de servicio Rodrigo, también en zona céntrica, donde tres jóvenes ingresaron a cara descubierta, ultimaron a una persona y dejaron malherida a otra, a pesar de la existencia de cámaras de seguridad. “Esto nos obliga a extremar las medidas y trabajar en conjunto entre el Ministerio de Seguridad, la Policía y el Poder Judicial, que hasta ahora no ha garantizado plenamente la protección de la ciudadanía”, señaló.
El ministro cuestionó la actuación de la Justicia en relación al secuestro de armas: “Respecto de la audiencia con los nueve detenidos, no tengo buenas noticias. Declararon ilegal la requisa de la camioneta, y eso no podemos permitirlo. Con esto se declara nulo el secuestro de armas, lo que podría invalidar pruebas fundamentales. Esto no puede repetirse: un arma es un elemento peligroso per se y no podemos permitir su liberación por tecnicismos procesales. La nulidad implicaría incluso devolver las armas, aunque sean las mismas que se usaron en delitos graves. Esto es inaceptable y demuestra, en mi opinión, una falta de interés en proteger a la ciudadanía comodorense”.
”Los vecinos no denuncian por temor a represalias»
Además, explicó que “llevamos meses investigando los enfrentamientos entre estos grupos. En septiembre, solicitamos tres allanamientos en domicilios de los contendientes y lugares donde ocultaban armas, pero la familia Nieves y el grupo Vera reiteradamente nos negaron acceso. Hemos comprobado que las armas no se guardan en domicilios, sino en casas de familiares, allegados o amigos. Los vecinos no denuncian por temor a represalias, y nosotros comprendemos esa realidad”.
“Desde octubre, hemos tenido buena respuesta del Poder Judicial: pedimos 19 allanamientos en Comodoro y se otorgaron los 19, con resultados positivos, secuestrando muchas armas y municiones, e iniciando investigaciones sobre negocios vinculados a estos grupos. Por ejemplo, se detectó que un Fiat Cronos se utilizó para múltiples ataques armados”, mencionó.
”Vamos a reforzar la Brigada de Investigaciones”
Sobre la seguridad, Iturrioz explicó: “Vamos a traer el recurso que sea necesario, vamos s reforzar la Brigada de Investigaciones y vamos a traer gente capacitada para trabajar y desmantelar lo que consideramos una verdadera asociación ilícita que comete múltiples delitos. Esperamos que estos esfuerzos tengan eco en el Poder Judicial, para que los delincuentes conocidos sean detenidos y la ciudadanía protegida”.
Finalmente, el ministro enfatizó que la violencia tiene origen territorial y vinculado al narcotráfico: “El conflicto se ha trasladado ahora al barrio Roca y nuestra prioridad es proteger a la población. Hago un llamado a la responsabilidad de las autoridades judiciales: no podemos permitir que tecnicismos procesales pongan en riesgo a la comunidad”.